Los cuatro casinos que lograron obtener sus licencias son el Grand Casino Baden y su filial Grand Casino Davos, así como el Grand Casino Luzern y la sede del grupo Swiss Casinos en Pfäffikon.
Grand Casino Baden se lanzará online bajo su marca Jackpots.ch, que durante años funcionó como un sitio de juego gratuito. La sede de Davos tiene un acuerdo con el grupo Ardent de Bélgica y operará bajo la marca Casino777 de esa compañía. La sede de Pfäffikon cerró un convenio con Playtech, mientras que el casino Luzern operará bajo su propia marca mycasino.
Todavía hay algunos obstáculos antes de que estos primeros cuatro licenciatarios puedan iniciar sus operaciones en línea, ya que el ESBK debe certificar el software de los respectivos juegos en línea de cada operador.
Técnicamente, la nueva legislación de juegos de apuestas de Suiza entró en vigencia el 1 de enero, pero los proveedores de servicios de Internet del país no comenzarán a bloquear sitios de juego sin licencia nacional hasta el 1 de julio. Los ISP no ven con agrado la obligación de realizar trabajos adicionales, sin que el Estado de alguna manera cubra parte de los costos.
Hay 21 casinos físicos con licencia en Suiza, algunos de los cuales todavía están esperando aprobación para operar online, mientras que otros prefieren esperar a que despegue el mercado para analizar si la oferta es comercialmente idónea a sus intereses. Esta última estrategia es una locura, según el gerente de finanzas de Grand Casino Baden, Marcel Tobler, quien dijo a los asistentes a la conferencia Gaming in Holland de esta semana, que los operadores que abandonan esta "oportunidad única en la vida" se arrepentirían de no haber presentado un reivindicación anticipada por la fidelidad de los jugadores online de Suiza.
Uno de los principales objetivos que se quiere conseguir con esta nueva normativa es la de proteger a los usuarios con respecto a cualquier amenaza que derive del juego. También se ha asegurado que los beneficios que se generen por parte del juego continuarán siendo utilizados para financiar, principalmente, el sistema de pensiones y otros servicios públicos.
