El Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (SUGHU) expresó su preocupación ante el proceso de cambio de propietarios del hotel Enjoy Punta del Este, en un contexto marcado —según denuncian— por la falta de información concreta y previsibilidad para los trabajadores.
Gabriel Vidales, integrante de la directiva sindical, señaló que si bien el ingreso de nuevos inversores es positivo, hoy el principal problema es la ausencia de canales formales de comunicación. “Valoramos la inversión y el crecimiento, pero necesitamos reglas claras, diálogo y certezas para los trabajadores”, afirmó.
Tras algunas reuniones informativas con representantes de la nueva gestión, el sindicato detectó múltiples interrogantes, especialmente sobre el impacto de las obras proyectadas en la operativa del hotel y en las fuentes laborales.
Según explicó Vidales, se mencionaron reformas en habitaciones, pero sin un cronograma definido. Esto abre la posibilidad de cierres temporales de sectores, sin claridad sobre cómo afectará la convocatoria de personal.
Entre las principales preocupaciones también aparece el futuro del centro de convenciones y de áreas clave como alimentos y bebidas, donde se concentra una parte significativa de la plantilla. A esto se suma la falta de definiciones sobre si los nuevos emprendimientos gastronómicos serán operados por trabajadores actuales o por equipos externos.
“La incertidumbre es total. No solo afecta a los trabajadores, también a mandos medios que hoy no tienen información. Se respira angustia en el día a día dentro del hotel”, aseguró el dirigente.
Actualmente, el establecimiento cuenta con entre 800 y 1.000 trabajadores fijos, además de un número similar de empleados eventuales que mantienen actividad regular durante gran parte del año. Este último grupo es uno de los más vulnerables ante posibles recortes o envíos al seguro de desempleo.
“Muchos compañeros trabajan varios días a la semana. Si eso se interrumpe, el impacto económico es muy fuerte. No son trabajadores ocasionales, como suele pensarse”, remarcó Vidales.
Aunque existe una cláusula de paz vigente hasta 2028 que limita medidas como despidos masivos, el sindicato advierte que no impide otras alternativas como el seguro de paro ante cierres temporales por obras.
En paralelo, el gremio reclama una mayor participación del Estado en el proceso. “Hay una concesión y una historia detrás. Se necesita un ámbito tripartito con empresa, trabajadores y gobierno para garantizar certezas”, sostuvo.
También plantearon la necesidad de discutir eventuales procesos de reconversión laboral, siempre que sean planificados, transparentes y voluntarios. “Hoy no sabemos qué puestos podrían desaparecer o transformarse, ni cómo serán las capacitaciones. Todo eso debe definirse”, agregó.
Mientras tanto, el clima interno continúa marcado por la incertidumbre. Desde el sindicato insisten en que no se oponen al cambio ni a la inversión, pero advierten que se trata de una fuente laboral clave para Maldonado, de la que dependen miles de familias directa e indirectamente.
