El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, admitió un recurso de revisión presentado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para reactivar una deuda fiscal por $1,187 millones de pesos contra Grupo Caliente, empresa de casinos ligada al empresario Jorge Hank Rhon.
La decisión se da pese a que, el pasado 2 de enero, un tribunal colegiado había concedido un amparo a la compañía al considerar que el caso no involucraba temas de interpretación constitucional, por lo que —en principio— no ameritaba la intervención de la Corte. No obstante, el recurso del SAT fue admitido el 12 de febrero y el expediente quedó en manos del propio Aguilar, quien deberá elaborar un proyecto que será sometido al Pleno.
El fallo que ahora se revisará fue emitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el cual anuló el crédito fiscal al concluir que el SAT excedió por un día el plazo legal de 12 meses para concluir la visita domiciliaria a la empresa. De acuerdo con ese tribunal, aun descontando tres periodos de suspensión por presunta falta de cooperación de la compañía, la revisión se prolongó un día más de lo permitido.
La auditoría se originó en noviembre de 2014, cuando la entonces administradora central de Fiscalización Estratégica ordenó revisar el pago de impuestos correspondientes al ejercicio 2013 de Hipódromo de Agua Caliente (HAC), filial de Grupo Caliente que controla desde 1972 el Hipódromo de Tijuana y opera múltiples casinos en el país. El crédito fiscal fue finalmente determinado el 18 de diciembre de 2018, al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El SAT argumentó que la demora se debió a la renuencia de HAC a entregar información solicitada, supuesto en el que el Código Fiscal de la Federación permite suspender el cómputo del plazo. En enero de 2022, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) avaló el crédito fiscal por mayoría de siete votos contra cuatro y rechazó la tesis de caducidad planteada por la empresa.
En el fondo del litigio, la autoridad fiscal sostiene que HAC omitió el pago de aproximadamente $320 millones de pesos por concepto de IEPS aplicado a apuestas, derivado de ingresos por $1,067 millones registrados como “acceso y uso de instalaciones”. La empresa argumenta que dichos recursos no provenían de apuestas realizadas por los clientes y, por tanto, no estaban sujetos a ese impuesto.
Si la SCJN decide entrar al análisis de fondo, primero deberá resolver si revoca la determinación del tribunal colegiado sobre la caducidad de las facultades del SAT. El resultado podría sentar un precedente relevante para la fiscalización de la industria del juego en México.
