Acusaciones contra el legislador
La Asociación de Bancas de Loterías de Santo Domingo Oeste (ASOBALSO) denunció al senador de la provincia La Romana, Eduardo Espiritusanto, del partido Fuerza del Pueblo, de promover la instalación de bancas de lotería que, según la entidad, estarían operando de manera ilegal en distintos sectores de esa demarcación.
Violación de normativas
La organización aseguró que los nuevos establecimientos se ubican en violación de las normativas que regulan el sector, al instalarse a menos de 200 metros de otras bancas que funcionan legalmente desde hace años. Asimismo, sostuvo que varias de estas bancas han sido colocadas cerca de centros educativos, iglesias y clubes deportivos, lo que afecta la convivencia comunitaria y contraviene las disposiciones establecidas.
Expansión acelerada
De acuerdo con ASOBALSO, unas 30 bancas de loterías han sido abiertas en menos de un mes y existirían planes para habilitar alrededor de 150 establecimientos adicionales en los próximos días. Estas nuevas operaciones se encuentran distribuidas en sectores como El Palmar, El Café, El Libertador, El Abanico de Herrera, Bayona, Manoguayabo, Los Alcarrizos y Pantoja.
Reclamos ante las autoridades
Ante esta situación, la entidad envió comunicaciones al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Casinos y Juegos de Azar para que investiguen las denuncias y determinen si las operaciones cumplen con los requisitos legales, pero afirma que no han recibido respuesta.
Impacto económico y social
ASOBALSO señaló que esta situación afecta directamente a los empresarios que han invertido bajo el marco regulatorio vigente y advirtió sobre el impacto económico que podría generar en el sector. Además, indicó que Eduardo Espiritusanto mantiene vínculos con el negocio de bancas y apuestas, destacando su rol como vocero del bloque de senadores de Fuerza del Pueblo.
Llamado al Gobierno
La organización solicitó la intervención del presidente de la República, Luis Abinader, al considerar que la expansión de estos establecimientos representa una amenaza para la estabilidad del sector y para miles de familias que dependen de esta actividad económica.
