La fuerte reacción de agencieros de tómbolas de toda Entre Ríos obligó al IAFAS a frenar la aplicación de la resolución 242, que imponía un cambio obligatorio de imagen y cartelería en las agencias oficiales de la provincia.
La decisión fue confirmada por el director político del organismo, Marcelo Monfort, quien señaló a INFORME DIGITAL que la medida quedará suspendida hasta nuevo aviso, luego de la creciente ola de cuestionamientos generada en el sector.
El conflicto se desató tras la difusión del nuevo esquema de cartelería, que implicaba costos millonarios para los titulares de agencias en un contexto marcado por la caída de ventas, el aumento de gastos operativos y el avance de las apuestas online.
Reclamo provincial y rechazo generalizado
Las primeras presentaciones surgieron en Paraná, Concordia y Chajarí, pero en pocas horas el rechazo se extendió a numerosas localidades entrerrianas.
Agencieros de ciudades como Colón, Crespo, Diamante, Federación, Nogoyá, Rosario del Tala, Villaguay, Victoria y Concepción del Uruguay, entre otras, se sumaron al reclamo contra una medida que consideraron “inviable” desde el punto de vista económico.
Los titulares de agencias cuestionaron especialmente la obligación de afrontar un recambio integral de imagen sin alternativas ni mecanismos transparentes para comparar presupuestos entre proveedores.
Un negocio de más de $4.000 millones
Según estimaciones realizadas por agencieros consultados por INFORME DIGITAL, el nuevo esquema alcanzaba a unas 1.200 agencias oficiales en toda la provincia.
Los cálculos indicaban que el costo de contado rondaba los $2,5 millones por agencia, elevando el volumen total del negocio a cerca de $3.000 millones.
En caso de financiar el sistema a un año, el valor trepaba a aproximadamente $3,5 millones por agencia, superando los $4.200 millones en total.
Ese volumen económico fue uno de los principales detonantes del conflicto interno dentro del sistema de agencias oficiales.
Cuestionamientos a la Cámara de Agencieros
El malestar también apuntó contra la Cámara de Agencieros de Entre Ríos, a la que numerosos titulares acusaron de impulsar la iniciativa sin representar a la mayoría del sector.
Las críticas reflotaron viejos cuestionamientos vinculados a anteriores cambios de imagen y contrataciones de cartelería durante gestiones pasadas, especialmente en etapas atravesadas por denuncias de concentración comercial alrededor de proveedores ligados al poder político.
En ese contexto, algunos agencieros incluso aseguraron haber recibido propuestas de pago “con factura” y “sin factura” para acceder al nuevo esquema de cartelería, lo que incrementó aún más la tensión.
Hasta el momento no existen denuncias judiciales públicas ni investigaciones oficiales vinculadas a la resolución suspendida ni a las acusaciones planteadas por los agencieros.
