El fracaso de Italia para clasificar al Mundial 2026 ha intensificado la presión política y del sector para reconsiderar la histórica prohibición de la publicidad de apuestas en el país, en medio de crecientes preocupaciones sobre cómo se financia el deporte profesional.
Tras la eliminación de la selección nacional luego de una contundente derrota ante Bosnia y Herzegovina en las eliminatorias, el fútbol italiano atraviesa una crisis de gobernanza más amplia. La primera ministra Giorgia Meloni ordenó una investigación formal sobre la estructura y el financiamiento del sector.
La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) se encuentra ahora en el centro de las críticas. Su presidente, Gabriele Gravina, renunció el 2 de abril en medio de una presión creciente, mientras que otras figuras clave —como el jefe de la delegación Gianluigi Buffon y el entrenador Gennaro Gattuso— también dejaron sus cargos poco después.
A medida que aumenta la reacción pública, los responsables políticos comienzan a reconocer una brecha estructural de financiamiento en el deporte italiano. Los críticos sostienen que el “Decreto Dignidad” de 2018, que prohibió la publicidad y los patrocinios vinculados al juego, redujo significativamente los ingresos de los clubes y debilitó su competitividad frente a otras ligas europeas.
Gravina ya había defendido anteriormente el levantamiento de la prohibición y la implementación de un sistema de “derecho a apostar”, destinado a canalizar parte de los ingresos del juego hacia infraestructura, academias juveniles y programas de base. Según señaló, las restricciones no lograron reducir los daños asociados al juego, pero sí le costaron al fútbol italiano hasta 1.000 millones de euros en patrocinios perdidos.
Si bien el ministro de Deportes, Andrea Abodi, presentó el año pasado propuestas para flexibilizar las restricciones sobre los patrocinios, el avance se ha estancado. Los cambios en el liderazgo dentro de la federación han demorado aún más cualquier reforma concreta, dejando el tema en suspenso.
El renovado debate surge en un contexto de bajo rendimiento tanto de la selección nacional como del fútbol de clubes en Italia. Muchos actores del sector sostienen ahora que modificar la regulación sobre el juego debería formar parte de una reforma financiera más amplia para recuperar la competitividad y sostenibilidad del deporte.
