El representante novoprogresista Antonio Soto no lució muy confiado esta mañana sobre la posibilidad de que se apruebe en esta sesión legislativa el proyecto de ley que viabiliza las apuestas deportivas en la isla.
En entrevista con El Nuevo Día, Soto explicó su objeción a un lenguaje en el Proyecto de la Cámara 2038 que, a su juicio, tendría el efecto de canibalizar los recaudos estimados con la iniciativa, un proyecto del representante penepé Néstor Alonso Vega y que es impulsado por La Fortaleza.
“Mi interés es que este proyecto se pueda considerar en esta sesión legislativa, pero se tienen que atender las diferencias en lenguaje. No quiero que, como está redactada la medida la Comisión (de Apuestas) en una decisión pueda autorizar o preautorizar el que en todos los negocios en Puerto Rico existan centros de apuestas deportivas. Es un lenguaje tan amplio que es detrimental, no es beneficioso para Puerto Rico y afectaría las mismas proyecciones de ingreso”, dijo Soto tras una larga pausa luego de que se le preguntara si el proyecto sería aprobado en esta sesión legislativa.
El presidente de la Comisión de Hacienda, que atiende la medida en segunda instancia, se refiere a cómo la medida autoriza a que se realicen apuestas deportivas en hipódromos, casinos, agencias hípicas, galleras, paradores, hoteles y “cualquier otro lugar que la Comisión determine”. Según Soto, esa frase abre la puerta a que se abra, por ejemplo, un centro de apuestas en cada local donde haya un terminal de lotería electrónica o en cualquier “colmado o chinchorro”, sin tomar en cuenta su viabilidad económica y las medidas de seguridad necesarias.
“Estás abriendo la puerta a cualquier otro lugar”, dijo Soto al aludir al lenguaje de la medida. “Eso abre la puerta a que haya miles de lugares de apuestas en la isla”, dijo.
El legislador indicó que, si bien en ocasiones no hay comunicación directa entre él y Alonso Vega, sí la hay entre su equipo de asesores y el del legislador de primer turno.
Soto propone una serie de enmiendas al proyecto que establecen ciertos requisitos para que los locales que actualmente no están contemplados en la medida, tengan que cumplir para que la nueva Comisión de Apuestas los considere elegibles para ser centros de apuestas. Enfatizó en que las solicitudes se atenderían de manera individual, lo que evitaría, por ejemplo, que quienes dirijan la entidad de nueva creación puedan autorizar cientos de locales de golpe, como podría ser autorizar a todas las farmacias o todos los colmados.
“Se va a establecer un lenguaje para que haya cierta distancia entre centros de apuestas, escuelas e iglesias”, dijo Soto. “Tienen que tener la infraestructura para, por ejemplo, recibir una persona que vaya a apostar $2,000 y que no haya niños”.
La medida también establece un costo por licencia de operador de centros de apuesta de $50,000, pero las solicitudes a pequeños comerciantes no contemplados en la medida podrían acarrear un costo tan bajo como $5,000.
El estimado en ingresos de esta nueva modalidad de apuestas varía según varios estudios realizados. Uno de estos, confeccionado por la Cámara de Comercio, coloca la cifra en $80 millones para el año 2024. Otro estudio comisionado por el gobierno ubica esa cifra entre $44 millones y $62 millones.
Soto estima que alrededor del 10% de esos ingresos irían al Fondo General.
