Según planteó la ministra Vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, enfatizó en que debe regularse sobre todo por “aquellas comunas donde existen sectores más vulnerables que se empobrecen día a día por tener acceso a una oferta ilegal como son las tragamonedas”.
Por ello, adelantó que se establecerán sanciones y fiscalizaciones al uso de estas máquinas.
La decisión se tomó a raíz del reportaje publicado por el área de investigación de Radio Bío Bío, en que se reveló que las máquinas de premio programado que operan en Chile son ilegales puesto que ninguna tiene la certificación que entregan las empresas autorizadas por la Superintendencia de Casinos de Juego.
Su ilegalidad fue establecida en una circular que emitió dicha entidad en 2016 pero que, por carecer de facultades fiscalizadoras, quedó en letra muerta, permitiendo con ello que decenas de alcaldes las autoricen a través de patentes comerciales, como una manera de obtener mayores recursos económicos.
Sin embargo, en 2017 la Contraloría realizó una auditoría sobre la explotación de máquinas de juegos de azar en los municipios y concluyó que es el Ministerio del Interior, a través de las Intendencias y Gobernaciones, el encargado de reprimir su uso cuando no cumplen la normativa. El mensaje fue claro y La Moneda -a casi dos años del informe del organismo fiscalizador- prepara el golpe final a este mercado que cifra ganancias anuales que superan los 494 millones de dólares, monto similar a la industria regulada.
Según expresó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, “creo que al investigación que hace Bío Bío permite abordar” la problemática en torno a este mercado ilegal, por lo que “como Ministerio del Interior tomamos el tema y creemos que debemos aportar a este proceso todo aquello que permita al municipio dirimir si es un juego de azar o de destreza”.
Junto con el proyecto de ley de tragamonedas, el Gobierno puso también suma urgencia al los proyectos en materia de Migración y Control Preventivo de Identidad.
