El Grupo Codere, a través de su filial Codere América, notificó formalmente a la República de Panamá el inicio de un proceso de arbitraje internacional de inversión contra la Junta de Control de Juegos (JCJ). La acción legal se fundamenta en el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones vigente entre España y Panamá.
Acusaciones de actuación arbitraria por parte de la JCJ
Según la compañía, la controversia surge a raíz de un presunto “incumplimiento institucional” por parte del organismo regulador. Codere sostiene que la JCJ habría actuado de manera arbitraria y permitido la operación de salas de juego competidoras de forma ilegal, afectando las condiciones de competencia en el mercado local.
La empresa también asegura que la entidad reguladora no ha mantenido una posición neutral en el ejercicio de sus funciones, lo que habría perjudicado sus intereses comerciales en el país.
Cuestionamientos por el incumplimiento de un fallo judicial
Entre los argumentos presentados, Codere afirma que la Junta de Control de Juegos habría desacatado una resolución previa emitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.
Dicho fallo había declarado ilegales las nuevas salas equipadas con máquinas tragamonedas tipo A. Sin embargo, la compañía sostiene que las autoridades competentes no han implementado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la decisión judicial.
Se abre una etapa de negociaciones entre las partes
Tras la notificación formal del arbitraje, ambas partes han iniciado un período de “negociaciones amigables”, mecanismo previsto en este tipo de disputas internacionales con el objetivo de alcanzar una solución consensuada antes de avanzar en etapas posteriores del proceso arbitral.
El caso añade un nuevo capítulo a la relación entre operadores privados y reguladores del sector del juego en Panamá, en un contexto marcado por debates sobre el cumplimiento normativo y las condiciones de competencia dentro de la industria.
