Un grupo de aproximadamente 30 comerciantes operadores de máquinas de azar presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra la Comisión de Juegos de Puerto Rico, denunciando la negativa del organismo a recibir, procesar y adjudicar sus solicitudes de licencia.
Según los demandantes, esta situación los mantiene excluidos de la industria en un momento clave para la regularización del sector, afectando directamente su actividad económica y generando incertidumbre sobre su futuro dentro del mercado legal.
El abogado que representa a los comerciantes, Frank Torres Viada, explicó en declaraciones al medio EL VOCERO que la Comisión de Juegos atravesaba un proceso de reestructuración orientado a formalizar la operación de máquinas de azar que funcionaban fuera del marco legal.
En este contexto, el regulador había proyectado la entrega de hasta 25.000 licencias como parte de su estrategia para ordenar el sector y combatir la ilegalidad. Sin embargo, los operadores sostienen que la falta de gestión de sus solicitudes contradice ese objetivo y retrasa su incorporación al sistema regulado.
La disputa judicial abre un nuevo capítulo en el proceso de regulación del juego en Puerto Rico, poniendo el foco en la capacidad del organismo para implementar de forma efectiva su política de licencias y garantizar condiciones equitativas para todos los actores del mercado.
