La Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (ADOBAD) consideró que la reactivación del Plan de Regularización de los Juegos de Azar, mediante el decreto presidencial Núm. 197-26, debe convertirse en una oportunidad para corregir el desorden y la incertidumbre que, asegura, afectan actualmente al sector.
La entidad recordó que dicho plan fue creado originalmente en febrero de 2022, pero su ejecución fue detenida posteriormente sin explicaciones claras. Según ADOBAD, numerosos operadores de bancas deportivas realizaron pagos millonarios al Estado con la expectativa de obtener sus licencias de operación, proceso que todavía permanece pendiente.
La organización sostuvo que el propio Gobierno ha reconocido que los resultados iniciales del plan no fueron los esperados, mientras el mercado de juegos de azar continúa operando con escasa supervisión y en medio de múltiples distorsiones regulatorias.
ADOBAD denunció además que la falta de control estatal ha permitido la expansión masiva de juegos electrónicos y de las llamadas “agencias hípicas”, las cuales —afirman— funcionan bajo un marco legal cuestionado y facilitan la comercialización de apuestas en espacios no autorizados por la legislación vigente.
La asociación aseguró que esta situación perjudica a empresarios que durante años han invertido en casinos y bancas deportivas cumpliendo con las normas establecidas, al tiempo que favorece esquemas ilegales que han contribuido al crecimiento desordenado del sector.
Asimismo, advirtió que la proliferación de juegos de azar en barrios y comunidades rurales representa un riesgo social creciente, especialmente por la facilidad con la que menores de edad pueden acceder a este tipo de actividades.
ADOBAD también expresó preocupación por disposiciones oficiales recientes, como la resolución Núm. 136-2024 del Ministerio de Hacienda, que permite a operadores de apuestas en línea instalar puntos físicos para realizar transacciones, medida que considera una nueva distorsión del mercado.
La organización alertó, además, sobre un proyecto legislativo sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, el cual —según entiende— podría debilitar el proceso de regularización y mantener la inseguridad jurídica que afecta al sector.
Pese a las críticas, ADOBAD afirmó que la reactivación del plan representa una nueva oportunidad para construir un sistema regulatorio transparente, equilibrado y con reglas claras para todos los participantes de la industria.
